La primera de las mociones ha sido presentada por la portavoz socialista Silvia Verdú, defendiendo un sistema público de pensiones que disponga de mayor capacidad de redistribución y reduzca las desigualdades, y señalando que las políticas del actual gobierno central representan una verdadera amenaza para su sostenibilidad.

Con el nuevo mecanismo de revalorización se condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento, y lamentan que estas medidas se hayan impuesto sin diálogo social y rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo, estimulando los Fondos de Pensiones privados en detrimento del Sistema Público de Seguridad Social. Políticas que ocasionan una progresiva pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz de pagar sus pensiones en los próximos años, y desesperanza de la juventud en que algún día puedan contribuir y ser protegidos por el sistema. Además, denuncian el expolio permanente al Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

En la moción se insta a recuperar el Pacto de Toledo y el diálogo social, estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Los ediles de Compromís y PDPI se han unido a los votos favorables del equipo de gobierno, mientras que desde el Partido Popular, aunque compartan la preocupación por la ralentización en la recuperación de los salarios y las pensiones, se han opuesto a la moción al no estar de acuerdo con la exposición de motivos.

El alcalde ha solicitado regresar al consenso del Pacto de Toledo y al que existía en el año 2011, ya que actualmente la financiación del fondo de pensiones es muy desequilibrada.

 

 

Sí que ha habido unanimidad respecto a la moción presentada por la edil de Educación Neus Ochoa, adhiriéndose el Ayuntamiento de Pinoso al procedimiento de colaboración entre la Generalitat y las corporaciones locales de la Comunidad Valenciana para la construcción, ampliación y reforma de centros docentes y en su caso equipamientos.

Un decreto regula el proceso de adhesión, abriendo a los ayuntamientos la presentación de solicitudes, que han de aprobarse en pleno.

El alcalde ha destacado la coordinación de la edil con su compañera Silvia Verdú a la hora de realizar un exhaustivo estudio de los problemas de los colegios San Antón, Santa Catalina y el instituto José Marhuenda Prats, y de hecho este mismo 30 de enero se ha convocado una reunión de urgencia del Consejo Escolar Municipal para consensuar este tema y poder iniciar los trámites para beneficiarse de esta inyección económica del gobierno autonómico, que destinará un total de 700 millones de euros para la construcción y mejora de edificios escolares.

Para el alcalde, las actuaciones que han presentado los directores de los tres centros educativos son importantes, y de hecho hay algunas que llevan muchos años demandándose, pero se ha dado prioridad a la situación del edificio del colegio San Antón, por las deficiencias que afectan a su estructura a partir de importantes filtraciones. Por ello, destacaba que fuera el edificio más nuevo el que más problemas tuviera.

Para la edil Silvia Verdú, que ha mostrado unas fotografías elocuentes del estado de paredes y techos del inmueble, aunque no hay peligro para los niños y niñas que diariamente acuden al colegio San Antón, es importante la prevención, y el coste de las obras necesarias puede ser muy alto.

En el caso del colegio Santa Catalina se solicitará ayuda para hacer realidad el esperado gimnasio, y en le caso del instituto el principal problema es el que afecta a la cubierta, siendo necesaria una actuación para impermeabilizar el techo del edificio.

El edil de Hacienda, Francisco José López, ha criticado que la mayoría de las obras de la época de construcción del colegio San Antón se concedieran en baja temeraria y con sobrecostes posteriores, ya que esos problemas no solo están detectándose en Pinoso.

 

 

La moción ha sido presentada por la edil Silvia Verdú, en nombre del grupo socialista, destacando que tras las declaraciones del exsecretario general del PPCV Ricardo Costa en sede judicial, afirmando en juicio de la trama Gurtell que Francisco Camps era quien tomaba las decisiones sobre el método de financiación ilegal de su partido en la Comunitat, lo que propició que el pasado jueves 25 de enero las Cortes Valencianas votasen una proposición no de ley inmediata para instar al expresidente Camps a que abandone el máximo organismo consultivo de la Generalitat Valenciana, al incurrir en actos y comportamientos que no se corresponden con la necesaria dignidad de la institución.

Además, en la moción se insta también a mejorar la ley del Estatuto de los expresidentes, para que regule los mecanismos de retirada de estos privilegios de los que disfrutan tras su labor al frente del gobierno autonómico.

La moción ha salido adelante con los votos a favor de la Corporación al completo, lo que ha alegrado al edil socialista José Perea, quien piensa que los políticos corruptos no solo hacen daño a la ciudadanía sino a sus propios partidos.