El departamento de Consumo, dirigido por Alberto Garzón, planea una modificación del articulado en la actual ley de defensa del consumidor (LGDCU), en el artículo 21.2 concretamente, para prohibir cualquier número de tarificación adicional en los servicios de atención al cliente, como los extendidos 902. El objetivo es evitar que las compañías puedan aplicar a las llamadas de sus servicios de atención al cliente precios que excedan la tarificación estándar geográfica.

Esta medida es una reivindicación clásica de las asociaciones de consumidores, aduciendo que las consultas o reclamaciones a una empresa no deben suponer un sobrecargo en las facturas, se trate o no de clientes. Desde el Ministerio de Consumo se defiende en esta línea que “el acceso a una atención eficaz, transparente y de calidad y una información completa, veraz y accesible en los servicios de atención al cliente, quejas, reclamaciones e incidencias, no pueden estar condicionados por los recursos económicos del consumidor y estos no se pueden ver reducidos o perjudicados como consecuencia del ejercicio de un derecho básico”. De este modo, se pondrá fin a lo que consideran “un abuso generalizado”.

La reforma se apoya en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que hace ya más de tres años, en 2017, declaró ilegal que el coste de una llamada a un servicio postventa supere el de una llamada estándar.

En definitiva, con la reforma “los consumidores dispondrán siempre de un número geográfico de tarifa básica, es decir, con los prefijos de toda la vida”, para sus relaciones con las empresas. “Acabamos con abusos y sobrecostes en las facturas mensuales, de los que se beneficiarán toda la población, especialmente, aquella con menos recursos”, finalizaba el ministerio.